Las luces y sombras de su infancia consolidaron los cimientos del compromiso contra la violencia de género de la Secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’ (Pontevedra, 1989). Participó en el 15-M, fue secretaria de Podemos Galicia y llegó al Congreso de los Diputados como número dos de la lista de En Marea por Pontevedra, con tan solo 25 años. Nos cita en el Ministerio de Igualdad, a pocos días de que el Congreso de los Diputados de luz verde a la ley Trans, para entrevistarla en profundidad.
Alejémonos del ruido mediático y vayamos a tus orígenes. ¿Cómo recuerdas tu socialización política?
En mi casa siempre ha estado presente la política. Soy hija de votantes del partido socialista, concretamente, de los que votaron a Felipe González y se decepcionaron en la segunda legislatura de Zapatero. Creo que eso me marcó mucho políticamente, por lo que se refiere a la visión del país que tuve después.
Llegaste al Congreso de los Diputados en 2015. ¿Cómo recuerdas el salto a la política institucional?
Era muy joven y fue una experiencia muy impactante. No sólo porque era un entorno masculinizado, sino, también, muy de adultos. El periodo de adaptación fue importante y diferente a los procesos de socialización política que yo tenía previamente; una asamblea de feministas nada tiene que ver con preparar una intervención en el Congreso. Tengo recuerdos de muchísima emoción y esperanza, pero también de mucha inseguridad. Tuve el síndrome de la impostora.
En octubre de 2021 te nombraron Secretaria de Igualdad y Contra la Violencia Machista. ¿Cómo valoras este primer año en el cargo?
Estamos empezando a recoger los frutos de todo el esfuerzo que se ha hecho. Acabar el 2022 con la Ley de libertad sexual, la Ley del Aborto y la Ley Trans aprobadas y el Plan Corresponsal implementándose en su segundo año, significa que estamos cumpliendo el programa que desarrollamos. Me siento muy orgullosa de la implementación de esta agenda feminista.
¿Consideras que el ruido mediático no deja lugar a estas victorias que destacas?
Más bien, al contrario. De lo único que últimamente parece que se habla en este país es de los avances y retrocesos que tienen las mujeres. El feminismo se ha convertido en uno de los temas más importantes de conversación de nuestro país, si no el más importante. Y creo que cada debate que se abre siempre tiene una reacción y hace que sea tan grandilocuente, que a veces parece que el ruido ahoga todo lo demás. Pero, si me dijeran hace dos años, que una ley como la Ley Trans, o la noticia de las bajas por reglas dolorosas abrirían portadas, no me lo hubiera creído. Esto habla de la hegemonía del feminismo que practica este Ministerio.
La democratización de las redes ha generado espacios para mujeres que antes no los tenían. Pero, las redes también son terreno fértil para el odio. ¿Cómo lo gestionas?
De manera ambivalente. Intento pensar que es una cuestión que nos atraviesa por ser mujeres y feministas, y que es un problema colectivo y estructural, como todas las formas de violencia. Intento también utilizar el humor como una herramienta clave, para tomarme mucho menos enserio los insultos. Pero, qué duda cabe que hay veces que es doloroso. A mi me insultan sobretodo por ser gorda y fea, y claro, hay días en los que es más difícil mirarse al espejo porque te lo dicen en TW mil veces. Todo esto tiene un impacto en nuestra salud mental que tampoco podemos obviar. En todo caso, estamos consiguiendo conceptualizar muy bien el tipo de violencia que recibimos: no nos atacan por ser personas concretas, lo hacen porque somos que tenemos posiciones de poder.
La semana pasada llegasteis a un acuerdo para introducir una enmienda en la reforma del Código Penal que refuerza la Ley del ‘solo sí es sí’. ¿En qué consiste exactamente?
Es una modificación de la exposición de motivos del Código Penal, que viene a incidir en la idea del decreto de la Fiscalía General del Estado, que existe derecho transitorio vigente, y que mientras las horquillas de las penas sean las mismas, no pueden rebajarse las penas. El Gobierno con esta medida lo que quiere señalar es que, a día de hoy, hay una interpretación voluntarista por parte de algunos jueces, en los que se está rebajando penas que no era necesario rebajar. Y que creemos que es posible hacer lo que están haciendo la mayor parte de las audiencias provinciales como es el caso de La Rioja, Castilla la Mancha y otras comunidades autónomas como Extremadura, en las que, la mayor parte de las penas que se están revisando, se quedan como estaban.
La implementación de la ley ha generado polémica a causa de la reducción de algunas condenas…
Es un problema fundamentalmente político, la norma es sólida y se debe implementar. Como para cada ley que se aprueba sobre los derechos de las mujeres, hace falta un tiempo de ajuste e implementación de la norma. Cuando se aprobó la Ley de 2004 de Violencia de Género, hubo más de 180 recursos de inconstitucionalidad de los propios jueces y durante años, en algunos juzgados, la ley de VG no se aplicaba porque había pendientes recursos de inconstitucionalidad. En aquel momento se podía haber criticado la ley, por estar mal hecha. Sin embargo, quedó mucho más claro que había una parte del poder judicial que tenía reticencias a la hora de aplicar leyes que protegían los derechos de las mujeres. Creo que estamos viviendo una repetición de aquello y que a nadie se le escapa que, en todos los ámbitos siempre va a haber posiciones más reaccionarias ante el avance de los derechos humanos de las mujeres
¿Cómo está siendo vuestra relación con el PSOE?
Hay una especie de idea de que somos un verso libro del Gobierno y no es verdad. Hay debate y mucho trabajo. Y es verdad que esto es nuevo en la tradición política de nuestro país. Pero, el Ministerio de Igualdad va a ser uno de los ministerios del gobierno español que con más satisfacción podrá decir cuando acabe la legislatura que ha cumplido su agenda. No creo que todos los ministerios puedan decir lo mismo.
"No nos atacan por ser personas concretas,
lo hacen porque somos feministas que tenemos posiciones de poder"
El Congreso de los Diputados acaba de dar luz verde a la Ley Trans, habiendo superado unos cuantos obstáculos. ¿Cómo lo valoras?
Ha sido un proceso durísimo. Además, ha supuesto una decepción muy grande para una parte del colectivo LGTBIQ+ saber que los socialistas tenían dudas, cuando el PSOE siempre ha sido el partido que en España con más claridad ha hecho todo lo posible para avanzar por los derechos del colectivo. Pero a la vez, es un clarísimo ejemplo de cómo es posible el diálogo entre la institución, la sociedad civil y los actores culturales para conseguir objetivos comunes. La ley Trans no hubiera sido posible sin el Ministerio de Igualdad, seguro, pero tampoco sin el movimiento LGTBIQ que ha peleado cada centímetro de la ley, ni sin la serie Veneno, o figuras como Carla Antonelli, Mar Cambrollé o Marina Sáenz, mujeres trans que han dado la cara por esta ley. Esta batalla es una batalla en la que nos hemos dejado muchas plumas.
En cambio, algunos colectivos que se autodenominan como feministas han intentado bloquearla porque consideran que la ley borra a las mujeres.
El debate sobre la ley Trans es una consecuencia de la reacción de la extrema derecha al avance del feminismo. Y la transfobia, como cualquier otro discurso de odio, no tiene cabida en los feminismos, que para mí son plurales y aceptan y necesitan debate. Pero, el debate sobre los derechos humanos de cualquier parte de la ciudadanía no puede tener cabida dentro de un proyecto democrático como es el feminismo. Es incomprensible.
Otra de las políticas del Ministerio que ha dado de qué hablar ha sido la Ley del Aborto. Por primera vez en la historia de la democracia, abristeis un proceso participativo.
El proceso participativo y de escucha lo hemos hecho con todas las leyes que hemos trabajado en este Ministerio, con la de Libertad sexual, La Ley Trans, la del Aborto, en La ley contra la trata y en la Ley contra el racismo en la que estamos trabajando ahora. Lo digo porque, se ha criticado mucho al Ministerio por no escuchar y no hacer autocrítica, y en realidad los procesos de consulta pública están colgados en transparencia y todo el mundo puede observar cómo las leyes se han modificado con todas las aportaciones que la ciudadanía y los colectivos han hecho.
En el caso de la ley del Aborto, para nosotras era importante poder sentar en una misma mesa a médicos y mujeres que han tenido experiencias vinculadas a la violencia obstétrica. Este diálogo era necesario porque la ley habla de los derechos de las mujeres y de la comunidad médica. Ha sido un proceso muy interesante para mejorar la norma.
Finalmente, no se ha incluido la violencia obstétrica. ¿Te preocupa?
Sí, me preocupa que el PSOE tenga tanto miedo de tomar decisiones necesarias como esta. Que en España hay violencia obstétrica no solo es una cuestión que señalan muchísimas mujeres que la han sufrido, sino que es una cosa que señala el CEDAW de la ONU. Creo que es cuestión de tiempo que esto se normalice, como ha pasado en tantas otras cosas, el PSOE acabará entrando en razón y reconociendo que es necesario proteger a las mujeres de este tipo de práctica.
El problema es que mientras tanto, se siguen vulnerando los derechos de las mujeres cada día en los hospitales. España cuenta con dos sentencias, la última en julio por el caso de Nahia Alkorta. ¿Cómo es posible que con cada vez más mujeres denunciándola, el activismo de asociaciones como EPEN y ahora también con el aval de la ONU, siga siendo impune?
Todo esto explica que exista un partido como Podemos. El PSOE cuando está solo, gobierna peor. No es el único caso en el que ocurre esto. El PSOE se ha acostumbrado a que de todo su programa puedan implementar una parte muy pequeña. Y, de repente, hay una parte de la ciudadanía que exige que se implemente el programa entero. Probablemente, si el PSOE cumpliera todo su programa, no existirían espacios a la izquierda de los socialistas, muy pocos y con unas posiciones muy radicales.
La existencia de nuestro espacio político se justifica para recordar que hay cosas que tienen que hacerse, y que no nos conformemos con estar en las instituciones sino que impulsemos esos cambios.
¿Entiendes que predomine la frustración por parte del activismo por el parto respetado?
Perfectamente, e insisto que es una decisión del PSOE.
¿Qué hará el Ministerio para luchar contra esta impunidad?
Nosotras nos comprometemos a dialogar con Sanidad, en la medida de lo posible, como mínimo, desplegando el máximo de medidas que protejan los derechos de las mujeres. La Estrategia de la Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad (2007) ni siquiera se estaba cumpliendo y planteaba que había que ir hacia un parto respetado con la decisión de las mujeres en el centro, reduciendo episiotomias, cesáreas, etc. Necesitamos una estrategia de Salud sexual y reproductiva que ponga en marcha el protocolo común de actuaciones que hemos incorporado en la Ley del Aborto y que es la herramienta que consideramos que puede ser más útil para que todas las recomendaciones se conviertan en protocolos específicos dentro de los hospitales.
La abogada Francisca Fernández Guillén explicaba en una entrevista en Pikara Magazine que un primer paso sería cumplir las recomendaciones que hizo Naciones Unidas. No necesitan pasar por el parlamento porque ya forman parte del ordenamiento jurídico. ¿Por qué no se aplican?
Por falta de voluntad política. Insisto, el PSOE no lo ha querido.
La equiparación de los permisos del recién nacido fue un paso adelante para la conciliación. Sin embargo, una parte de la sociedad la considera insuficiente: los permisos de las madres llevan más de tres décadas congelados y se ha ignorado la demanda de ampliarlos.
Los permisos iguales e intransferibles son una herramienta muy útil para cerrar las brechas entre hombres y mujeres. Los datos nos dicen que cada vez más hombres se los permisos y, por lo tanto, creemos que es importante seguir trabajando para que estos permisos sigan siendo iguales e intransferibles. Nos hubiera gustado que esta ley hubiera ampliado los permisos para las familias monomarentales, para que puedan gozar de las semanas que tendría un segundo progenitor, pero todavía no hemos conseguido convencer a nuestro socio de gobierno. Aspiramos a que la ley llegue al parlamento con estos compromisos incorporados.
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses, pero esto es inviable con los permisos actuales.
Nosotras planteamos la ampliación de permisos de 16 a 24 semanas, esta es otra de las propuestas que no hemos conseguido incorporar, pero que confiamos que pueda llegar al Parlamento incorporada. Si bien es cierto, el presidente del gobierno ha dicho que es un número de semanas suficiente, pesé a que contradice lo que recomienda la OMS.
